El fallo del juez Gallardo referido a deliveries porteños es otra de sus arbitrarias incursiones contrarias a la división de poderes

Gallardo, un juez parcial que juega a la política con sus absurdas sentencias
Gallardo, un juez parcial que juega a la política con sus absurdas sentencias Crédito: iJudicial

Los servicios que aparecen al paso de la evolución tecnológica generan, cuando son aceptados como útiles por quienes los consumen, situaciones también nuevas que siempre son abordadas por las legislaciones después de su generalización, como no podría ser de otra manera, ya que se trata de fenómenos disruptivos y, por ende, impredecibles.

Como trasfondo de esta evolución inevitable, y saludable, existe la discusión sobre si las empresas que organizan estos sistemas prestan los servicios al público o solo deben ser consideradas proveedoras de las soluciones tecnológicas. Lo mismo ocurre en el transporte de personas con empresas como Uber o Cabify, a las que ningún razonamiento honesto permitiría someter a exactamente la misma regulación pensada para los taxis. Tratar a un automóvil como a un carro tirado por caballos o a un procesador de texto como a una máquina manual de escribir es tan descabellado como contraproducente para el progreso humano.

El magistrado Roberto Gallardo, que integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohibió la actividad de tres empresas (Rappi, Glovo y Pedidos Ya), que desarrollaron aplicaciones para teléfonos móviles, dirigidas al reparto de alimentos y otros productos en moto o en bicicleta.

Gallardo fundó su conclusión en que los repartidores no cumplen las normas de tránsito ni las de seguridad vial y que las empresas tecnológicas no están inscriptas en determinado registro como supone que deberían estarlo.

Paralelamente, fundó también esa prohibición en la afirmación de que el gobierno de la ciudad no ha podido o no ha querido controlar de manera suficiente el cumplimiento de esas normas.

La prohibición es en sí muy singular, porque recae sobre una generalidad de personas, un sector entero al que un juez presume indefectiblemente infractor, no a individuos concretos aunque sean muchos, e impide trabajar a quienes no han sido parte en el proceso judicial y, por ende, no han tenido oportunidad de defenderse. Sancionar a una «colectividad» por creerla infractora serial es lo más parecido a un prejuicio discriminatorio inaceptable en cualquier Poder Judicial.

Pero además el fallo, que intercala varias consideraciones políticas, contiene dos heterodoxias jurídicas que mueven al asombro. Primero, ordena al Gobierno compensar económicamente a los repartidores que, precisamente por la prohibición resuelta en la misma sentencia, estarán impedidos de trabajar y por eso dice el juez profundizarán su situación de integrantes de un grupo vulnerable. Segundo, establece una responsabilidad (obligación de compensar económicamente) al revés de lo que debe ser, porque se origina en actos ilícitos de los propios damnificados, los presuntos infractores.

Como es obvio, la falta de control gubernamental efectivo de las infracciones no exculpa a ningún infractor. De este modo, un magistrado ha resuelto que todos los contribuyentes porteños se conviertan en garantes de los ingresos de personas a las que él mismo está impidiendo trabajar. Su resolución tiene los mismos efectos que si hubiera creado un impuesto, atribución esencial y exclusiva del legislador.

La decisión sobre si corresponde o no regular estos servicios, sobre si deben tener algún grado de control y cuál y sobre si corresponde gravarlos con impuestos es una atribución del legislador, de la autoridad política elegida por el voto de los ciudadanos, decisión que naturalmente debe tomarse en el contexto de lo que las constituciones permiten hacer a un gobierno.

Corregir desaciertos u omisiones de las autoridades elegidas por el voto popular no es tarea de los jueces, a quienes nadie vota y que no son políticamente responsables por el contenido de sus sentencias.

El llamado «activismo judicial» en el que con demasiada frecuencia suele incurrir el juez Gallardo se convierte así en un factor que atenta contra la división de poderes, principio esencial de un sistema republicano