Convocados por el Gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con la Función Judicial, se realizó una nueva mesa de trabajo para finalizar la confección del Protocolo de Actuación Profesional ante situaciones en donde se exprese la voluntad de no poder o no querer asumir la responsabilidad parental.

La segunda jornada tuvo lugar en el la sede local del CFI con el fin de avanzar en el diseño de un documento único ante casos de conflicto respecto a maternidades no deseadas para definir competencias de los distintos organismos de las funciones Judicial y Ejecutiva, y aunar criterios para las distintas intervenciones.

La reunión estuvo encabezada por la directora de Niñez y Adolescencia de la provincia, Érica Delgado; integrantes del juzgado del Menor, la secretaria asistencial Alicia Valdéz, el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de la abogada Elsa de la Vega, el Juzgado N° 2 de Violencia de Genero y Protección Integral de Menores, a cargo de la jueza Magdalena Azcurra, y contó con la participación de representantes de la Secretaría de la Mujer, la Oficina de Acceso a la Justicia del Hospital de la Madre y el Niño; Servicio de Adolescencia del hospital Vera Barros; Servicio de Salud Mental del hospital de la Madre y el Niño; y el Departamento Interdisciplinario de Salud Mental Infantil.

En la oportunidad, Érica Delgado, directora de Niñez y Adolescencia, explicó que “esta instancia tiene como objetivo generar un documento que regule las intervenciones profesionales respecto a cuando una mujer que es gestante de un bebé no quiere asumir la responsabilidad parental y en base a eso confeccionar cómo son los procedimientos, tanto para los hospitales como para la persona que tome conocimiento de esa voluntad. De esta manera se iniciará el proceso de adopción correspondiente”.

Además sostuvo que “lo que se protocoliza es una situación conflictiva de derechos, y que tienen que ver con los derechos de la mujer como por ejemplo al de continuar con su proyecto de vida y el derecho del niño o niña, es decir el derecho a la vida, a la identidad y el permanecer en un grupo familiar”.

Delgado agregó que con este documento se busca priorizar las buenas prácticas en los profesionales que intervienen en estos procesos.

Asimismo detalló que “en base al diseño del protocolo la jueza Magdalena Azcurra expuso los potenciales problemas que pueden llegar a ocurrir en caso de no realizarse bien los procedimientos, como por ejemplo distintos delitos relacionados a un niño recién nacido en este contexto. Este protocolo viene a prevenir una serie de delitos que se pueden presentar que muchas veces suceden por falta de información o por ignorancia, como sustitución de identidad, falsificación de documentos o entregas directas de recién nacidos”.