Los impagos, por caída de planes y nuevas obligaciones, crecieron 50% desde diciembre y se triplicaron en el caso de las grandes empresas

El proyecto de ley de moratoria que ingresó esta semana al Congreso busca regularizar una deuda de $281.000 millones, según las estimaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Ese monto, que incluye nuevos impagos y caída de planes de pagos por obligaciones viejas, es 50% más alto que la deuda estimada a diciembre de 2019, momento en el que el gobierno de Alberto Fernández lanzó la moratoria vigente en la actualidad y que será subsumida por el nuevo proyecto.

Según los datos que manejan en la oficina de Mercedes Marcó del Pont, la deuda creció en todos los estamentos de empresas, desde pymes hasta grandes. Pero en estas últimas, el monto de impagos se triplicó.

La moratoria también contempla la posibilidad de refinanciar planes de pagos vigentes a tasas más bajas. Así, el universo que se piensa alcanzar es de $500.000 millones.

La moratoria que votó el Congreso en diciembre, como parte del proyecto ómnibus de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que envió Fernández, estaba destinada a pymes. En esta ocasión no habrá restricción de ingreso, aunque las condiciones para las compañías más grandes (es decir, las que no cuenten con el certificado pyme) son más exigentes: se les impide girar dividendos y regalías al exterior y hacer operaciones de “contado con liqui” por 24 meses.

“La ampliación de la moratoria es una medida de alivio para las pymes, los comercios, los monotributistas y las empresas grandes. Es una herramienta para amortiguar una crisis sin precedentes”, dijo este miércoles Marcó del Pont, en una entrevista con radio AM 750.

El proyecto contempla refinanciar deudas vencidas hasta el 30 de junio, a una tasa del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego a tasa variable. El costo es menor al de los planes vigentes, con tasas del 3% mensual.

Las deudas podrán regularizarse en plazos de hasta 96 y 120 cuotas, de acuerdo con el tamaño de las empresas y los individuos que adhieran. En el caso de obligaciones con la seguiridad social, el plazo será de entre 48 y 60 cuotas.

El plan tuvo buena receptividad entre los analistas. «Era una necesidad imperiosa. Los dos años de recesión de Argentina, sumado a la pandemia y la cuarentena, generaron que las empresas tengan un cash flow negativo y no puedan hacer frente a sus gastos», dijo César Litvin socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, a Télam.

Al Estado «también le conviene esta moratoria, porque logra una transformación de un stock de crédito incobrable por un flujo de fondos mensuales cobrable», agregó.

Iván Sasosvky, titular del estudio que lleva su apellido, consideró: “Es una de las moratorias más amplias que se hayan lanzado ya que incluye a todos los impuestos y también en cuanto a la cantidad de sujetos. Y como novedad incorpora también a empresas que hayan sido declaradas en quiebra».

Sasovsky advirtió que «lo cuestionable es que incorpora deudas al 30 de junio cuando lo peor de la situación económica todavía no ha pasado».

Fuente: TN