A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de la Nación anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía

El presidente Alberto Fernández derogó este viernes el decreto por el que había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado» por los créditos que se le dieron a la firma.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández anunció que dejaba sin efecto el DNU 522/2020, firmado en el mes de junio, ante las imposibilidades de que el Estado pudiera «conocer cuál es el pasivo real de la compañía» por las resoluciones del juez que interviene en el concurso, Fabián Lorenzini, quien había decidido mantener a los antiguos directores de la compañía.

«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019», argumentó el Presidente, al realizar el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, el Presidente anunció que había dado «instrucciones» a los organismos públicos involucrados en el tema para que «realicen las acciones civiles, comerciales y penales» que «permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo» y otorgados durante el Gobierno anterior y «dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado».

Al argumentar la derogación, Fernández señaló que el Estado Nacional «no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo»

En ese sentido, el jefe de Estado sostuvo que su «intención» fue «siempre rescatar a la empresa, preservar los activos y mantener las fuentes de trabajo» y que la «obligación» del Estado es que se » investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído».