El Defensor Oficial de Pobres y Ausentes, Martín Yoma presentó pedido de informes al sistema penal provincial.

El Defensor Oficial de Pobres y Ausentes en la primera circunscripción judicial sede Capital, Martín Yoma se refirió a la Emergencia Penitenciaria dictada el año pasado, y cuáles son los alcances de la misma en plena época de pandemia y reclamos desde los distintos lugares de alojamiento que tiene la Provincia.

En ese sentido, el abogado comentó que interpusieron un Hábeas Corpus, «colectivo y correctivo, en beneficio de las personas privadas de la libertad, circunscribiéndose a lo acontecido en Alcaidía. En 2015, se presentó un habeas corpus en los mismos términos, avizorando esta situación que es el agravamiento de las condiciones de detención en lugares alojamiento, sobre la base que supera la capacidad de alojamiento y segundo, frente a la pandemia que agrava los lugares de encierro que permiten un contagio mas rápido».

«Se interpuso un Habeas Corpus colectivo, de todas las personas privadas de libertad, en donde se encuentran alojados, alcaidía, SPP e incluso, Asuntos Juveniles, porque en Alcaidía se encuentran masculinos que están investigados por un hecho ilícito o contravención, y los menores y mujeres, en Asuntos Juveniles. Una vez que se considera elemento de prueba para que esa investigación sea ventilada en juicio recién ahí se lo traslada al servicio penitenciario», explicó. 

Desde la Defensoría se pidió informe sobre las condiciones de detención, capacidad que tienen y medidas dispuestas para alojar tanta cantidad. «Ya hace dos años atrás, se dictó decreto por emergencia penitenciaria, algo que indefectiblemente iba a pasar en La Rioja, agravada por la pandemia», aclaró. 

En tanto dijo que, «se requiere que informen las condiciones, por eso, es Colectivo y Correctivo para tratar de acondicionar lo que debe de tener un centro de alojamiento para que la privación de libertad no agrave la situación de la persona. Que lo único que este afectado una persona sea la libertad ambulatoria, no su salud». 

Seguidamente, consideró que, «la detención en lugares donde hay situación de hacinamiento, se está vulnerando el derecho fundamental, y hay un agravamiento en las condiciones de detención. En definitiva, tienen que adecuarse a lo que debe resguardar la integridad física de una persona condenada, o sometida a proceso, porque en alcaidía están las personas que no se elevo la causa a juicio, es decir, que ni siquiera hay elementos para considerar que irán a juicio y las personas por contravenciones». 

«Queremos que se informe condiciones, capacidad, y cuáles son las situaciones de riesgo y personas en esa situación de riesgo, más las medidas que correspondan, porque quienes deben velar por el respeto a los derechos de los privados de libertad, son los jueces», consignó Yoma. 

A su modo de ver, «la reclamación es que se está en deuda con la parte de tecnología, o disponer los medios idóneos para asegurar celeridad en instrucción. Son medidas extraordinarias, el problema es que se trata de brindar respuestas en una situación no contemplada anteriormente». También se requirió, que haya adecuación legislativa. 

«Hoy la demora está en la instrucción. El SPP y los lugares de alojamiento se encuentran sobresaturados, por lo que se deben disponer medidas extraordinarias y urgentes. No hay más posibilidades de dilatar la toma de decisión concreta», puntualizó el letrado. 

Asimismo dijo que, «pedimos informe de capacidad, si se puede garantizar, porque se trata de personas, y la afectación a su derecho de libertad ambulatoria, no una tortura». «Deben llegar a juicio sin que se les haya vulnerado su derecho, y principalmente el de la salud», finalizó.